Buen uso de la Justicia

La crispación que corrompe las entrañas de la convivencia de este país no solo se deja ver en los escupitajos de odio que se retroalimentan en las redes sociales. O en los escaños de plenos nacionales, regionales y locales, convertidos por obra y gracia de las teles en platós de poses y discursos sobreactuados de nuestros representantes públicos, en los que, claro está, solo cuenta quién la suelta más gorda.

El último escalón de esta espiral desenfrenada de inquinas de patio de vecinos ha llegado a los pasillos de los tribunales, y más en concreto, a los de la jurisdicción penal. En esta España fratricida y de nostalgia guerracivilista, el último grito pseudodemocrático consiste en dirimir las cuitas políticas, los desencuentros ideológicos o las envidias de oficina en una descabellada batalla campal de querellas.

A los que velan por nuestros intereses públicos, ya sean políticos o funcionarios, les ha dado últimamente por mal emplear la jurisdicción penal, distrayéndola con discusiones de índole administrativo, más propias de la jurisdicción contenciosa. Y no lo digo yo, lo dicen los propios magistrados. No todas las irregularidades administrativas implican corrupción ni robo de dinero público.

Y es una pena porque en lo que yerran el tiro, buscando una detención o una pena de telediario del enemigo de turno que al final a veces ni siquiera consiguen, perdemos la oportunidad de que la justicia nos aclare qué está mal hecho y cómo puede corregirse. Además, contribuyen, y es probable que sin pretenderlo, al descrédito de la justicia, porque el común de los mortales se queda con la sensación de que nada funciona, ni siquiera los tribunales.