En vistas de que el gobierno central no quiere hacer una norma nacional para controlar la pandemia por la vía del certificado de vacunación, al gobierno de Canarias no le ha quedado otro remedio que impulsar un "pionero parche canario" que tiene que superar sin problemas el escollo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El gobierno de Ángel Víctor Torres ha ideado una fórmula voluntaria para solicitar el certificado de vacunación a la entrada de bares, restaurantes, cafeterías, pubs o discotecas, ingeniosa. Serán los empresarios los que decidan si pedirlo o no para interiores. En principio todos lo pedirán, a partir del 1 de diciembre o de cuando responda el alto tribunal canario, a tenor de lo que sus representantes empresariales le venían pidiendo al ejecutivo que lo hiciera. Mejor que se pida, que cerrar los establecimientos o limitar horarios para evitar perder facturación o empleo. Así será más seguro para todos.
Regular una especie de derecho de admisión poniendo por delante el derecho a la salud, es lo más razonable. A nadie se le esconde que el virus se mueve en interiores como pez en el agua, más cuando nos quitamos la mascarilla. Además, aquí vivimos del turismo y si queremos comer debemos dar ejemplo ante Europa de que hacemos todo lo posible y lo imposible para evitar contagios. Y si encima a Europa ya ha llegado la variante surafricana Ómicron que se mueve fácilmente, más control debemos tener para salvar la salud de todos.
Así que solo falta que el Tribunal Superior no ponga trabas a la suave medida canaria y como en otras regiones y países punteros de Europa, como Alemania, controlemos la entrada a los recintos cerrados donde nos quitamos la mascarilla para comer y beber presentando el certificado de vacunación.





























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