TELDEACTUALIDAD
Telde.- Tres de los cuatro acusados en el caso de la macroestafa de Telde reconocieron ayer los cargos y aceptaron la tesis propuesta por la Fiscalía y el resto de acusaciones particulares, que entendían que los mismos habían creado una trama que se apropió entre los años 2010 y 2014 de 2,7 millones de euros de 84 afectados a los que vendieron casas y coches de gama alta a precios competitivos y que nunca llegaron a recibir.
En este juicio, que estaba previsto celebrarse durante 15 sesiones, el cuarto acusado que era el abogado de los estafadores, no reconoció los delitos que le imputan, según publica Canarias7 en crónica de Francisco José Fajardo.
La primera sesión de esta causa fue maratoniana ya que se centró prácticamente en asuntos técnicos jurídicos planteados por las partes en las cuestiones previas. Entre tantas, se negoció con la Fiscalía una conformidad por parte de los tres principales acusados y también se debatió sobre el orden en el que tenían que declarar los mismos.
En cuanto a lo primero, tanto Teresa Velázquez Falcón como su marido Manuel Alexis Santana Suárez y el hermano de ésta José Luis Velázquez Falcón, reconocieron haber cometido un delito de estafa continuada en concepto de autores –el matrimonio– y cómplice –el hermano de la cabecilla–, por lo que el Ministerio Fiscal podría rebajar la petición de penas a la mitad en su informe final interesando para la mujer ocho años de cárcel, cuatro para su marido y dos para el cómplice.
Con respecto al orden, el Tribunal presidido por el magistrado Pedro Herrera aceptó que declararan primero los que reconocieron los hechos, dejando al abogado Antonio S. P. para el final de la vista oral como estaba fijado en un principio.
Los tres que confesaron se limitaron a responder a una pregunta de la fiscal Teseida García en la que les cuestionó si reconocían los hechos, a lo que todos respondieron que sí.
Por su parte, el letrado que lleva la defensa del abogado y profesor de Derecho Mercantil Antonio S. P., negó que su patrocinado fuera partícipe de la macroestafa alegando que se limitó a asesorar a un cliente sin tener conocimiento de la finalidad del negocio que llevaban. Además, insistió en que Antonio S. P. no tenía ni dolo ni ánimo de lucro en su actuación con los demás procesados.
Antonio S. P. solo tendrá que responder ante la posible comisión de un delito de estafa continuada en concepto de cómplice con respecto a seis de los 85 perjudicados, habiendo abonado en su momento en concepto de fianza los 410.000 euros que presuntamente se apropió de los mismos.
Con este nuevo panorama, el Tribunal interesó a las partes que renunciaran a los testigos que ya no fuesen necesarios para seguir la causa solo contra el letrado y por ello se verán reducidas las sesiones de esta macrocausa. Hoy están citados ocho testigos denunciantes.
«Es la mayor estafa», declaró el policía instructor
Ayer solo compareció el grupo de agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo la investigación de los hechos. El instructor hizo un relato pormenorizado de las pesquisas y consideró que se trataba de «la mayor estafa que he podido ver en todo el tiempo que llevo en el cuerpo, solo comparado con otra que investigamos», declaró ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El agente respondió a numerosas preguntas y cuestionado por el abogado de una de las acusaciones particulares, Víctor Machado, reconoció que «entendemos que el abogado que está procesado tenía conocimiento de las actividades ilegales del resto de acusados ya que participaba en la redacción de los contratos», dijo.
Hay que recordar que la Fiscalía atribuye a Teresa haber hecho creer a los afectados que se dedicaba profesionalmente a la gestión de embargos, lo que le permitía ofrecerse como agente intermediario para adquirir coches o casas en subastas judiciales muy por debajo del precio del mercado. A cambio, el interesado en invertir «a tan bajo precio», tenía que realizar un depósito previo a la puja que, según la fiscal, era fijado por la acusada «sin criterio alguno».
Pero, añade en su escrito, no conforme con eso, «a lo largo del tiempo y para justificar el porqué las propiedades no eran entregadas a sus clientes en el tiempo pactado, seguía solicitando otras cantidades como depósitos, alegando que había otros subasteros que intentaban arrebatarle los lotes». Dichas propiedades nunca se entregaron a los compradores.
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