El SIGC denuncia el desahucio de una mujer y su hija de 11 años en Jinámar

TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria (SIGC) denuncia el caso de la vecina de Telde María Cruz Vila Álamo y su hija de 11 años de edad, que el próximo 10 de enero se enfrentan al desahucio de la vivienda en la que residen en el sector de Jinámar.

Según indica este colectivo, María Cruz padece una situación “desesperada”. Su caso se remonta a hace aproximadamente 3 años, cuando desde la promotora inmobiliaria, de la que era inquilina, le comunican que la empresa –actualmente inmersa en concurso de acreedores y cuyos activos pasarán en breve a manos de la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria o también llamada banco malo)– va a ser embargada y que, por lo tanto, es innecesario que siga pagando. 

María contacta con un falso abogado que también le recomienda dejar de pagar el alquiler y esperar a que contacte con ella la nueva propiedad, explican desde el sindicato. “Nada le dijo éste de la posibilidad de consignar los pagos en el Juzgado ni de la deuda que podría ir acumulando”. 

Pasan los meses y COIDIUR denuncia a María Cruz por impago, mientras que el falso abogado le asegura que no hay posibilidad de que la desahucien, la informa “falsamente” de que las vistas y juicios se han aplazado y la deja en una situación de “absoluta indefensión”, explican.

Cuando María Cruz recibe la primera notificación de lanzamiento (para septiembre de 2019) ya no puede interponer recurso alguno.  Junto a otra inquilina que era clienta de este mismo supuesto abogado y que prácticamente se encontraba en las mismas circunstancias denuncia los hechos, por un supuesto de delito de estafa. Y es que según el sindicato María Cruz le abonó 550 euros y su vecina 1.300. Esta denuncia está archivada provisionalmente mientras se siguen recabando pruebas.

Finalmente María Cruz se pone en contacto con el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria, que la asesora y le ayuda a redactar un escrito exponiendo todos estos hechos ante el Juzgado, que le concede un aplazamiento y la posibilidad de solicitar un abogado de oficio, además de poner el caso en conocimiento de la administración pública.

Sin embargo, aseveran desde el SIGC, “en estos meses las instituciones no le han dado ninguna solución digna; COIDIUR se niega a llegar a ningún acuerdo y se ha fijado fecha definitiva de lanzamiento para el próximo 10 de enero de 2020”. 

María Cruz no tiene ingresos regulares (mantiene a su familia monoparental con trabajos esporádicos como limpiadora y con la manutención de su hija) ni red familiar ni alternativa habitacional alguna, advierten. Por lo que en 20 días se verá en la calle. “No lo permitiremos, aunque tengamos que recurrir a un piquete antidesahucios para evitarlo”, añaden desde el SIGC.