TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al juez Salvador Alba, quien fuera ponente del Caso Faycán (Telde), a seis años y tres meses de cárcel por conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell durante los meses en los que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
En una sentencia notificada este martes a las partes, la Sala de lo Penal del alto tribunal canario atribuye al magistrado, suspendido de funciones desde julio de 2018, tres delitos: negociaciones prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial. Además le impone una indemnización de 60.000 euros a la magistrada por los daños morales ocasionados por esa conspiración, según el digital CanariasAhora.
La Fiscalía pedía diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el magistrado por lo que describió como “un acuerdo corrupto” con un empresario al que entonces investigaba, Miguel Ángel Ramírez, con un único objetivo: desacreditar a la jueza Rosell.
El 16 de marzo de 2016, Alba se reunió de forma clandestina en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas con Miguel Ángel Ramírez, empresario a quien investigaba por fraude fiscal, para maquinar una declaración en sede judicial del entonces presidente de Seguridad Integral Canaria que pretendía desvelar la supuesta existencia de vínculos comerciales entre el imputado y sociedades del periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza que había instruido su causa desde 2014.
Negocios que, "de haberlos habido", se remontarían a 2009, cinco años antes de que la actual diputada de Podemos abriera diligencias contra Ramírez, según manifestó la fiscal Evangelina Rios en la vista.
Ese acuerdo pretendía, por un lado, el archivo del procedimiento por un supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza y, por otro, alimentar la querella del exministro Soria contra Rosell, que había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas.
La condena implica la pérdida definitiva de la condición de juez para Alba, que puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.
El TSJC ha denegado además la autorización al magistrado para interponer una querella por calumnias contra Miguel Ángel Ramírez, el empresario que grabó y entregó en los juzgados la conversación que ambos mantuvieron en el despacho de Alba, en la que se pactaron los términos de la operación para perjudicar a Rosell. En su declaración como testigo, el expresidente de Seguridad Integral Canaria (SIC) comparó los métodos del ahora condenado con los propios de "la mafia de Chicago en los años 30".
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