GAUMET FLORIDO
El laicismo del Estado español viene a ser una de esas máximas de la Constitución de 1978 que aguantan bien sobre el papel, pero que ni siquiera se creyeron aquellos que la redactaron.
Lo que dice el apartado 3 del artículo 16 es que ninguna confesión tendrá carácter estatal, aunque matiza a renglón seguido que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Al amparo, quizás de esta segunda parte, se permiten licencias como la que se dio la Delegación del Gobierno hace unos días, cuando en una presentación de nuevas motos adquiridas para la Guardia Civil en Tenerife decidieron incluir la bendición de los vehículos por un cura católico.
Portavoces de una de las asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores de este colectivo salieron al paso y dejaron constancia del malestar que causó a algunos de los agentes e instaron a que se respete la diversidad de creencias y a que se desligue al cuerpo de ese tipo de manifestaciones.
Soy creyente y soy católico, y pido que respeten mi derecho a ejercer con libertad mi fe y los rituales a ella asociados. Pero también tengo claro que por mayoritaria que sea esa fe, no ha de imponerse a los demás. Por eso no veo razonable que las banderas de los cuarteles o los cuerpos policiales ondeen a media asta cuando se celebra el día de un determinado santo, que a los alumnos que no cursan religión en el colegio los tengan haciendo dibujitos en la sala de profesores o que crucifijos, biblias o similares formen parte del atrezo sobre el que juran o prometen los cargos públicos.
Ahora bien, dicho esto, tampoco veo justas las peticiones de algunos colectivos, ansiosos por encerrar en una cueva cualquier manifestación de fe. La clave ha de estar en el respeto mutuo.
Gaumet Florido es periodista y redactor de Canarias7 en Telde.



















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