Morales afirma que "no existe responsabilidad penal" en la denuncia de un funcionario

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado que la denuncia presentada por un funcionario por un posible caso de corrupción en la adjudicación de varios contratos de la Consejería de Política Territorial no tendrían, "en ningún caso, responsabilidad penal".

El diario "La Provincia" informa este lunes de que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción investigan al Cabildo de Gran Canaria por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida en la contratación de servicios para la celebración de las Jornadas sobre el Paisaje de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Morales ha indicado que en la denuncia presentada por un funcionario del Cabildo con fecha febrero de 2020, se asegura que se contrató para la comunicación de las "Jornadas sobre el paisaje" a una empresa a nombre de la esposa del interventor general de la corporación, algo que "no es cierto".

"No se contrataron los servicios de esta empresa", pero de haberlo hecho, "ni siquiera sería un delito con responsabilidad penal", según el presidente del Cabildo.

En su opinión, es "obligación de la justicia" investigar el caso por si "hubiese algún viso de realidad" y se ha presentado la documentación requerida.

En la denuncia "se señala a distintos funcionarios, consejeros y al director general, que no intervienen en estos asuntos", con el objetivo, a juicio de Morales, de "sembrar dudas sobre los trabajadores de esta casa", pero "no se ha contratado a esa empresa y, en cualquier caso, no sería penal", sino un asunto de tipo administrativo.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha dicho que esta denuncia la presentó "hace más de un año" el mismo funcionario que ya presentó anteriormente, "hace más de 15 años", otra denuncia "parecida" por un contrato menor". En ese entonces, la denuncia era contra el consejero de Política Social, Pedro Quevedo, y el director general de Política Sanitaria, Antonino Gil, entre otras personas.

Diez años después "los jueces decidieron que no había responsabilidad penal por parte de la Corporación", ha dicho Morales.

Ahora "ha insistido con una nueva denuncia", algo que Morales considera debido a "una especial animadversión hacia el interventor del Cabildo grancanario". A su juicio, el objeto es "señalar a cargos públicos y funcionarios" de nuevo. EFE