TELDEACTUALIDAD
Telde.- La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Cecilia Vázquez, centra sus preguntas a los ediles y trabajadores municipales del Ayuntamiento de Valsequillo investigados por el caso de la gasolina en averiguar si existía o no algún tipo de control y quién lo ejercía a la hora del reparto de los vales de combustible que se pagaban con fondos de la corporación.
Ayer fueron citados otros cinco de los 18 encartados en este proceso. Entre los que acudieron este lunes fueron el ex alcalde de Valsequillo, Francisco Sánchez, y el ex edil de gobierno en el mandato anterior, hoy director general de Planificación Territorial del Gobierno canario, Víctor Navarro. Todos declararon, según apuntaron fuentes vinculadas al caso, según publica Canarias7.
La Guardia Civil estima en sus diligencias que en los últimos seis años se pudo producir un desfalco a las arcas públicas por el pago de este tipo de gastos de unos 60.000 euros, unos 10.000 por año. Se les atribuyen presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y prevaricación.
Pero el alcalde, Francisco Atta, que ya declaró la semana pasada, ha asegurado que el procedimiento que se seguía en Valsequillo era el correcto, que se había venido aplicando desde hacía 27 o 30 años con el debido aval técnico y jurídico y que las cuentas son auditadas todos los años por organismos supramunicipales y que ninguno había puesto nunca peros a este procedimiento. Atta ha advertido, y lo hizo también ante la magistrada, que en Valsequillo apenas existe parque móvil, por lo que ediles y trabajadores usan sus coches particulares para prestar servicio a los ciudadanos, de ahí que el Ayuntamiento les sufragase el combustible.
En principio, y tras esta doble ronda de declaraciones, las siguientes tendrán lugar los días 16 y 19 de octubre, en las que comparecerán, si todo sigue lo previsto, los restantes ocho implicados, entre los que figuran la secretaria y el interventor del Ayuntamiento, y el jefe de la Policía Local.
Esta investigación surgió a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por dos agentes del cuerpo municipal que ahora están en comisión de servicios en San Bartolomé de Tirajana.



























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