Emalsa dice sufrir "una causa general" y critica al juez instructor del caso

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Las Palmas de Gran Canaria (Efe).- La sociedad del agua en Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, ha denunciado hoy que se siente sometida a una "causa general" y que el juez que ha procesado a 15 de sus directivos por delito societario solo reproduce las acusaciones de la Fiscalía, obviando informes que le benefician.

La empresa, controlada en la actualidad en un 66 por ciento de su capital por la multinacional francesa Saur, dice haber sufrido durante los últimos cinco años una "manipulación por parte de la instrucción artificialmente alargada", que ha sometido "la buena imagen de sus gestores al descrédito público".

El juez Luis Galván dictó a principios de mes un auto por el que da por concluida la instrucción que se abrió después de que en 2012 el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona (PP), tomara la decisión de denunciar una serie de operaciones entre Emalsa y Sercanarias, una sociedad perteneciente a los dos socios de referencia en aquel momento de la empresa municipal mixta del agua, Saur y Sacyr.

En un comunicado, Emalsa sostiene que la decisión del juez "carece de toda motivación" y "bien podría haberse dictado" hace cinco años, "al día simiente de haberse iniciado la instrucción de las diligencias previas", porque bajo su punto de vista no incorpora una serie de pruebas e informes aportadas durante este tiempo.

La empresa controlada por Saur, en la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solo tiene el 34 % del capital, defiende que en este tiempo se ha demostrado que sus negocios con Sercanarias no han provocado quebranto patrimonial a la empresa del agua, como se recoge en un informe presentado por la sociedad Auditores Godoy.

Emalsa critica que el juez instructor "no mencione en ningún momento" la conclusión del informe de esos auditores, motivo, entre otros, por el que ha decidido recurrir el auto que pone fin a la instrucción y deja el caso listo para que se abra juicio oral.

"El auto recurrido (...) se limita única y exclusivamente a reproducir simple y literalmente pasajes enteros de la denuncia inicial de la Fiscalía, sin hacer mención alguna al contenido y resultado de las diligencias de investigación practicadas durante cinco años", argumenta la sociedad dirigida por Saur.

A su juicio, con ello, el instructor del caso "no permite conocer a las partes cuáles son las razones que le llevan a dictar la resolución" que pone fin a la instrucción del procedimiento.

"Cuantas auditorías e informes periciales a los que se ha sometido la gestión de Emalsa, y que en su resolución el juez instructor ignora, evidencian que no existe perjuicio económico alguno", remarca la empresa.

La defensa de los directivos de Emalsa argumenta, además, que "no puede hablarse de responsabilidad criminal sin determinar la participación de los investigados en las conductas objeto de denunciada y, mucho menos, sin la acreditación de la existencia de perjuicio patrimonial concreto".