El PP pide dimisiones en el Cabildo por contratar a un técnico condenado por corrupción

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Las Palmas de Gran Canaria (Efe).- El Partido Popular ha pedido este martes la dimisión de la consejera de Recursos Humanos del Cabildo de Gran Canaria, María Isabel Santana (PSOE), por haber avalado la contratación como técnico de la corporación del exsecretario del Ayuntameinto de Yaiza (Lanzarote), Vicente Bartolomé, condenado en tres casos de corrupción.

En un comunicado, el PP acusa a Santana de haber "tapado los tejemanejes" del presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC), al avalar la contratación de Bartolomé, para el que la Audiencia de Las Palmas acaba de dictar orden de ingreso en prisión, por su condena en el Caso Yate por delitos de prevariación administraciva, prevaricación urbanística y malversación

"Es inimaginable que Morales no supiera que su vecino del alma (Bartolomé reside ahora en Agüimes) iba a ser contratado como funcionario del Cabildo pese a sus antecedentes judiciales, pero una vez más optó por anteponer sus relaciones personales y su interés partidista al prestigio de la institución que preside", opina el portavoz del grupo popular, Felipe Afonso El Jaber.

El PP denuncia que, cuando Vicente Bartolomé presentó su documentación para optar a la plaza de técnico de Gestión en el Servicio de Formación y Prevención, "ocultó que sobre él pesaban varias condenas por corrupción política".

Sin embargo, sostiene que tanto Morales como la consejera de Recursos Humanos conocían sus antecedentes penales y, aun así, lo han mantenido en el puesto "durante cuatro meses".

"Resulta cuanto menos sospechoso que el funcionario provenga de un Ayuntamiento gobernado por NC, cuya alcaldesa hasta hace pocas semanas, Gladys Acuña, ha sido condenada a 14 años de inhabilitación dentro del caso Stratvs por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación, pese a lo cual se mantiene aferrada a su acta de diputada en el Parlamento regional", sositene Afonso El Jaber.

La Audiencia envía a prisión a Bartolomé y a José Francisco Reyes

En la jornada de hoy se conocía que la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado el ingreso en prisión del exalcalde y el exsecretario del Ayuntamiento de Yaiza, José Francisco Reyes y Vicente Jesús Bartolomé, respectivamente para que comiencen a cumplir las condenas que les impuso en el denominado Caso Yate.

En esta causa, Reyes y Bartolomé fueron condenados en sentencia firme por permitir que en la localidad turística de Playa Blanca se construyeran irregularmente entre 1998 y 2008 varios hoteles y complejos turísticos "sin otra base legal que el capricho" del alcalde, en un urbanismo hecho a la carta de los promotores.

De hecho, el exalcalde confesó durante el juicio haber cobrado sobornos por conceder esas licencias y fue condenado a 5 años, 11 meses y 29 días de cárcel como autor de delitos de cohecho, prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Por su parte, Bartolomé recibió una condena de un año de cárcel, por delitos prevaricación urbanística, prevaricación administrativa y malversación por facilitar con sus informes los manejos del alcalde.

Los dos tienen en su historial otras condenas firmes por delitos de corrupción económica o política: Reyes ha sido declarado culpable de delitos similares en cuatro causas diferentes en los últimos ocho años y Bartolomé acumula tres sentencias (la última de ellas, aún pendiente de recurso).

En el caso de Reyes, la Audiencia de Las Palmas rechaza su petición de que su condena quede en suspenso en vista de su reiteración delictiva y de la "gravedad incuestionable de su conducta".

En cuanto a Vicente Jesús Bartolomé, que en la actualidad trabaja como técnico del Cabildo de Gran Canaria, a pesar de las varias condenas que lo inhabilitan para ejercer cargos públicos en corporaciones municipales, la Audiencia Provincial aporta otro argumento.

Los magistrados admiten que, con su condena de un año de prisión (en realidad, de seis meses por un delito y de seis meses por otro) cabría plantearse si procede concederle el beneficio de una suspensión.

Sin embargo, el tribunal subraya que las condenas también cumplen una función social, la de "restablecer la confianza de la comunidad, vulnerada por el delito", algo que considera particularmente importante cuando se trata de casos de "corrupción política".

La Audiencia entiende que la corrupción política "supone uno de los ataques más demoledores que puedan infligirse a una sociedad democrática", por lo que considera que las condenas en este tipo de casos deben cumplir una finalidad "preventiva", en una doble vertiente.

En esos casos, detalla, las penas sirven para "intimidar a aquellos ciudadanos que pudieran sentirse tentados a realizar conductas como las que ha sido objeto de enjuiciamiento y condena" y también para que "los ciudadanos interioricen la necesidad de ajustar su actuación a criterios de ética y, desde luego, a la estricta legalidad".