Indagan una presunta prevaricación en Valsequillo

TELDEACTUALIDAD

Valsequillo.- La Fiscalía ve indicios de un delito continuado de desobediencia por parte del alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, al no pagar el servicio de recogida de basura a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) pese a los numerosos requerimientos judiciales. También aprecia un presunto delito de prevaricación. El Ministerio Público ha interpuesto denuncia en los juzgados de Telde para que se incoen diligencias previas y se averigüen los hechos denunciados por la empresa concesionaria.

Según recoge este jueves Canarias7 en una información de la periodista Cristina González Oliva, en una resolución del 15 de abril de 2017, realizada por la fiscal María Eugenia Rodríguez, se enumeran los múltiples procedimientos abiertos por el litigio que mantienen desde 2012 el Ayuntamiento de Valsequillo y FCC, adjudicataria del contrato de limpieza y recogida de residuos en 2010. La entidad denunció que el consistorio decidió dejar de pagar la facturación de forma arbitraria, problema que se mantiene hasta ahora, ya que no se abonan facturas desde 2013.

En el escrito de Fiscalía se asegura que el denunciante ha instado dos veces la resolución del contrato por demora, que siguen en los juzgados. También continúa en tramitación la decisión del Ayuntamiento de resolver la adjudicación por incumplimiento del contratista. Además, la administración ha convocado una nueva licitación mientras FCC sigue prestando el servicio sin que se le esté pagando y queda reflejado en las cuentas municipales, no trasladando a los presupuestos las obligaciones derivadas de los fallos condenatorios, según relata el Ministerio Público.

Francisco Atta dictó un decreto en junio de 2016 donde reconoce la deuda a mayo de 2016 por facturación impagada desde febrero de 2012, por 1,7 millones de euros, pero no dice nada de la deuda de 2015 y 2016, explica. Por todo esto, la fiscal considera que la actuación municipal es contraria a derecho porque infringe los preceptos que le obligan al cumplimiento de las obligaciones económicas reconocidas por la Justicia y «hay aparentemente, una manifiesta voluntad de no cumplir las sentencias que se han dictado», concluye.

Fuente: Canarias 7 / Texto: Cristina González Oliva.