Dos años por una denuncia falsa que dejó a su exnovio sin trabajo y en prisión

TELDEACTUALIDAD

Telde.- Una jueza de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a dos años de cárcel a una mujer que se envío a sí misma amenazas para tratar de involucrar en un delito de violencia machista a su expareja, que como consecuencia de ello perdió su empleo y pasó tres meses en la prisión preventiva.

La procesada, Vanessa C.G., de 24 años, acudió entre el 22 y 23 de diciembre de 2016 hasta en cuatro ocasiones a un Comisaría de Policía y a los jugados de la capital grancanaria a denunciar que su expareja le estaba enviando graves amenazas a través de Facebook. Como consecuencia de ello, el juzgado de guardia en la ciudad ordenó el día de Navidad el ingreso en prisión sin fianza del denunciado, que permaneció privado de libertad hasta el 31 de marzo, con dos consecuencias adicionales: le despidieron de su trabajo y no le permitieron seguir viviendo en la casa que tenía alquilada.

Sin embargo, la Policía descubrió al investigar el caso que uno de los mensajes que la mujer había recibido fue enviado cuando el supuesto autor estaba ya detenido en los calabozos, desde donde era materialmente imposible que hubiera subido a Facebook esa amenaza. Y luego comprobó que todas las direcciones IP desde las que se habían subido a la red social los mensajes amenazantes estaban en ese momento asignadas al teléfono móvil de la denunciante.

Por ello, el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria considera probado que Vanessa C.G. se envió a sí misma todos los mensajes desde su propio móvil, usando una cuenta de Facebook que imitaba a la de su expareja con la intención de perjudicarlo.

La jueza estima que todo ello la convierte en culpable de un delito de falso testimonio y se pregunta en su sentencia "qué mayores y graves consecuencias" hubiera tenido que soportar el denunciado "si no se hubiera recibido uno de los mensajes cuando estaba detenido" en una Comisaría de Policía.

La sentencia precisa que el denunciado pudo recuperar su trabajo cuando todo se aclaró, pero "porque coincidió con personas que pudieron entender la situación y le dieron su voto de confianza".

La magistrada entiende que los tres meses que el afectado pasó en prisión, la pérdida temporal de su empleo, el hecho de que le quitaran su alquiler y la "frustración" de tener que defenderse ante una acusación de violencia machista, un ámbito "delicado y de mucha repercusión social", suponen además un daño moral que debe ser resarcido, por lo que condena a la acusada a pagar a su expareja una indemnización de 8.000 euros.