Seguridad Integral Canaria presenta concurso de acreedores

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Las Palmas de Gran Canaria (Efe).- Seguridad Integral Canaria ha presentado este viernes concurso de acreedores para intentar superar la situación en la que se encuentra, después de que se hayan reactivado los embargos derivados de la sentencia del Tribunal Supremo que obligan a estas empresa vinculada a Miguel Ángel Ramírez a pagar a su plantilla el convenio nacional.

Seguridad Integral Canaria (SIC) había llegado hace semanas a un acuerdo con CC.OO. e Intersindical Canaria para fraccionar hasta 2020 el pago de la deuda contraída con sus trabajadores a raíz de esa sentencia, que le obliga a pagar con carácter retroactivo los salarios del convenio nacional del sector, superiores a los suyos.

Sin embargo, un Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido reactivar el proceso de ejecución forzosa de esa deuda a petición del sindicato USO, por estimar que no se había cumplido la condición básica del acuerdo y que la empresa no había presentado pruebas de que esa medida fuera a desestabilizarla.

Los directivos de Seguridad Integral Canaria anunciaron el pasado 24 noviembre un plan urgente de saneamiento, que pasaba por reducir un 90 por ciento su plantilla, por la vía de transferir casi todos sus empleados a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, sociedad a la que ha vendido su cartera de clientes.

En un encuentro con medios de comunicación, sus ejecutivos reconocieron que la sentencia del Supremo hacía inviable su estructura de costes, pero también expresaron su confianza en poder plantear una salida ordenada de la empresa del sector de la seguridad privada gracias al acuerdo con CC.OO. e Intersindical.

Tras la reforma laboral de 2012, Seguridad Integral -cuyo accionista mayoritario es el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez- se acogió a la posibilidad de descolgarse de los convenios nacionales y comenzó a pagar a su plantilla salarios muy inferiores, lo que le permitió ganar numerosas adjudicaciones públicas de servicios de seguridad, en un contexto de recesión en la que la mayoría de ellos se licitaban mediante subasta a la baja.

En un comunicado remitido a Efe, la empresa reconoce que la reposición de los embargos sobre sus cuentas le "aboca" a presentar concurso de acreedores, una decisión que toma, dice, para "poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores de la manera más inmediata posible", porque el bloqueo de sus cuentas corrientes le impide tener "un normal funcionamiento".

Sus directivos entienden que, en esta situación, "la única herramienta legal" a su alcance para "restablecer el normal funcionamiento de la empresa" es presentar concurso de acreedores voluntario, "con la intención de no dejar ninguna deuda contraída, en línea con la historia de esta empresa", de 22 años de existencia.

La empresa asegura que toma esta decisión "con la vocación de seguir ofreciendo sus servicios con normalidad" y pide "perdón públicamente" a sus trabajadores, a los que espera "poder compensar".

Proponen declarar a Miguel Ángel Ramírez persona non grata

Por otro lado, en la isla vecina de Tenerife, el grupo de Unidos se puede en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna va a proponer que el pleno municipal declare al empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez como persona non grata, por el sufrimiento que causa a muchas familias por el impago de salario a trabajadores de seguridad privada y limpieza.

"Hay trabajadores de seguridad privada y de limpieza que llevan meses sin cobrar y que estánteniendo que acudir a las ONG a recoger alimentos, a otros les está cortando la luz o no puede pagar sus hipotecas", ha denunciado el concejal José Marrero, quien considera que el Ayuntamiento "no se debe quedar al margen".

Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y Ralons, está vinculado a otras empresas como Sinergias o Marsegur que en su mayoría tienen contratos con la administración pública, señala el concejal.

"Sus prácticas han sido siempre contra los intereses de los trabajadores, utilizando la reforma laboral para bajar los sueldos y precarizar las condiciones de empleo, pero en estos últimos meses la cosa ha ido a más", al dejar de abonar directamente las nóminas, "lo cual es insostenible para cualquier familia", denuncia el representante de Unidos se puede.