El Gobierno canario deja en 'stand by' la implantación del gas en Telde, a la espera de un pronunciamiento del Supremo

TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Gobierno de Canarias ha dejado stand by el proyecto de Redexis para implantar el denominado gas ciudad en Telde y otros siete municipios del Archipiélago, a expensas de que el Tribunal Supremo se pronuncie admitiendo a trámite o no el recurso del Gobierno regional contra una resolución del TSJC que anulaba parcialmente el decreto que reguló los criterios de adjudicación del concurso.

Según publica en su edición de este lunes el diario Canarias7 en una información de la periodista Silvia Fernández, el Ejecutivo regional no moverá ficha en unos meses, a la espera de conocer la decisión del TSJC sobre el recurso. Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que podría demorarse dos años o más si finalmente el Gobierno canario optara por esperar al pronunciamiento definitivo del Supremo. Escenario que el equipo de Fernando Clavijo está sopesando en vistas a las millonarias consecuencias económicas que podrían derivar de una anulación judicial del concurso.

Redexis, que además de en Telde había proyectado la implantación del aire propagado en otras urbes canarias como Las Palmas de Gran Canaria, Agüimes, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona, Puerto de la Cruz y Granadilla de Abona, tenía previsto recibir la autorización administrativa del Gobierno autonómico antes del verano. Y a partir de ahí empezar solicitar las correspondientes licencias de obra para comenzar a desplegar las redes subterráneas de tuberías.

Los servicios jurídicos del Gobierno presentaron a mediados de mayo el recurso de casación, que ahora está pendiente de su admisión o no a trámite. En caso de no aceptarse, el Supremo a efectos prácticos estaría dando la razón al TSJC y por tanto el concurso que otorgó a Redexis la canalización en ocho municipios decaería y el Gobierno se vería obligado a empezar de cero y convocar un nuevo concurso con distintos requisitos.

En cambio, si se admitiera a trámite, según fuentes cercanas, el Gobierno de Canarias “tendría posibilidades” de lograr el respaldo del Supremo y desarmar los argumentos del TSJC. Sin embargo, no está garantizado que el fallo judicial sea a favor del Gobierno y las consencuencias económicas que podrían derivarse de este proceso son las que llevan al Ejecutivo a plantearse “parar por completo el proyecto” hasta que el Supremo resuelva, explica el Canarias7.

Este recurso se sustenta en que el juez de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias hizo una aplicación errónea de la normativa que regula el sistema retributivo de las empresas gasistas. Se apoyó en una norma de 1992 que fue modificada en 2014.