Las "deficiencias" en Política Territorial pueden atascar el proyecto del gas en Telde

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Telde.- El Comité de Empresa de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad en la provincia de Las Palmas ha advertido que el proyecto para levantar una planta de distribución de gas propanado en Telde, en el polígono industrial de El Goro, se pueden atascar en la evaluación de impacto ambiental, al igual que sucedería con los previstos en la capital grancanaria, Agüimes, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona, Puerto de la Cruz y Granadilla de Abona.

Según el órgano de los trabajadores, en la situación actual de funcionamiento en la que se encuentra la Consejería de Política Territorial, los expedientes difícilmente podrán ser tramitados en menos de dos años. Esta situación no es nueva y se suma a la "deficiencia" de operatividad que se lleva arrastrando desde hace varios años, aseveran.

"Desde la incorporación efectiva del nuevo equipo directivo de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, dirigido por Coalición Canaria, la situación de dicho departamento no solo no ha mejorado sino que se ha agravado notoriamente", sostienen en una nota de prensa desde el Comité.

Ante esta delicada tesitura, y tras la constitución, hace más de un año, del nuevo órgano de representación laboral, se han mantenido distintas reuniones con los órganos directivos de la misma, con el fin de transmitir las inquietudes del personal laboral sobre el estado actual de funcionamiento y que, según los propios trabajadores, se puede resumir en: "una plantilla insuficiente para las competencias de la Consejería, con algunos servicios casi inoperativos, la existencia de vacantes de jefaturas, la inmovilidad en materia de personal, inseguridad y falta de transparencia de los procedimientos administrativos, la obsolescencia del parque móvil (con ITV sin pasar) y hasta las deficiencias de los baños del edificio. Las diversas reuniones mantenidas (a día de hoy la Consejera no nos ha recibido), más allá de las buenas intenciones, no se han traducido en acciones para solucionarlas".

A todo esto, añaden, hay que sumarle que la reciente aprobación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias ha creado "un nuevo galimatías jurídico que atasca la evaluación ambiental, que le compete a la Comunidad Autónoma, pues no se sabe quién asume las competencias para emitir los correspondientes informes ambientales".

Por otro lado, advierten que se plantean problemas a la hora de determinar qué servicios asumirán las competencias ahora previstas en dicho marco normativo ante la "ausencia de impulso" por parte de la consejera Nieves Lady Barreto y de su equipo directivo, "agravado ante la falta de medios materiales y personales de los que se adolece hace ya, bastante tiempo".

Todo ello sumado a la "falta de desarrollo reglamentario, concretamente, al que debe regular la composición y funcionamiento del órgano colegiado que debe emitir el informe único y las evaluaciones ambientales estratégicas de los instrumentos de ordenación que a fecha de hoy ni siquiera se ha iniciado. Esto supone una paralización absoluta en la tramitación, entre otros, de los Planes Generales de Ordenación y de los Planes Insulares de Ordenación ya que se trata de informes preceptivos y vinculantes lo que supone una evidente contradicción con los criterios de simplificación, racionalización y eficacia promulgados en el preámbulo de esta ley", aseguran.

Ante estos hechos, el Comité de Empresa denuncia públicamente que "la pasividad" de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad "se está traduciendo en los siguientes problemas severos de gestión y administración, que afecta al personal que tramita los expedientes y a todos los ciudadanos:

1.- "Incapacidad de gestión del equipo directivo. El actual equipo directivo de la Consejería es incapaz y se ha mostrado incompetente para organizar lo que mandatan las leyes y evitar que se retrasen los procedimientos de los expedientes que se eternizan y acumulan. A esto hay que añadir la ausencia de gestión electrónica en la tramitación de muchos de ellos y el agravante de que con la entrada en vigor de la Ley del Suelo, se han bloqueado determinados trámites como de los planes generales de ordenación y los planes insulares de ordenación".

2.- "Plantilla insuficiente y en precario. La Consejería no ha activado medidas para ocupar las plazas vacantes de funcionarios (el 50% de las jefaturas se encuentran sin cubrir) y el personal laboral actual no es suficiente para asumir el volumen de trabajo. Asimismo, la mitad de la plantilla del personal que se encuentra en situación "temporal" o interina con una experiencia de más de 15 años de servicio, se encuentra ante la amenaza de un proceso de cobertura de plazas derivado de los acuerdos de los sindicatos mayoritarios con el Estado".

3.- "Custodia y confidencialidad de los expedientes. Se acumulan sobre mesas y armarios en el pasillo de las oficinas sin estar debidamente custodiados, lo que no garantiza ni el control ni la confidencialidad de los mismos".

Así las cosas, desde el Comité consideran que las medidas para paliar la situación pasan por cubrir las plazas vacantes de funcionarios, estabilizar la plantilla, revisar las funciones del Reglamento Orgánico, dotar de personal a los servicios deficientes (a través de movilidades funcionales incentivadas, entre otros), reactivar el sistema electrónico de expedientes en consonancia con la Ley de Transparencia y reorganizar los espacios de almacenamiento para una mejor custodia de los expedientes. E instan a los responsables de la Consejería a conovocar una reunión para "impulsar las soluciones necesarias, reajustando la RPT (Relación de Puesto de Trabajo) a las necesidades reales y actuales de la empresa".