La Justicia anula un decreto que prohibía cargar clientes con contrato en Gando

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Telde.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas ha anulado el decreto municipal de diciembre de 2012 por el que se aprobó una medida correctora que prohibía a los taxistas de Telde con contratos con agencias o turoperadores recoger a sus clientes en el aeropuerto y les obligaba a compartirlos en la parada con los demás taxis.

Según publica Canarias7, la sentencia, contra la que cabe recurso, también declara nulo el punto 16 de un decreto anterior, del 2 de julio de 2012, impone las costas al Ayuntamiento y hasta plantea que, una vez que esta decisión sea firme, se inste una cuestión de ilegalidad sobre el artículo 109 de la ordenanza municipal de taxis de Telde ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al entender que, tal y como está redactado y lo que propone, «supone una limitación al principio de libertad de empresa garantizado en el artículo 38 de la Constitución».

El magistrado Alfonso Silos López de Haro, en un fallo dictado el pasado 29 de febrero de 2016, sostiene que «no existe justificación alguna para que el Ayuntamiento de Telde intervenga los contratos de agencia que son libremente celebrados por determinados taxistas y asociaciones de taxistas, quienes en el ejercicio de la libertad de empresa y respetando el marco normativo que regula el servicio de autotaxi, han ido creando una cartera de clientes para su recogida en el aeropuerto de forma permanente».

Órgano intermunicipal. En ese decreto anulado el Ayuntamiento derivaba la gestión de esos contratos de agencia a la Comisión Intermunicipal del taxi, un órgano creado entre los consistorios de Telde e Ingenio para coordinar acciones y decisiones en el ámbito del servicio de autotaxi en el aeropuerto. Y es que son las licencias de ambos  municipios las que tienen derecho a recoger viajeros en Gando. Los taxis del resto de la Isla solo pueden hacerlo si un cliente les ha contratado previamente y mediante un transfer. Lo cierto es que el magistrado considera que esa derivación a la Comisión Intermunicipal «es una medida intervencionista del servicio de autotaxi que no está justificada por el interés general pues no se trata de una medida que pueda servir para mejorar el servicio público prestado por los taxistas de Telde, ni tampoco para eliminar los conflictos existentes en el aeropuerto» de Gran Canaria